ALGUNAS “PERLAS” DEL
PROGRAMA NEOLIBERAL DE RADONSKI
Por
Ángel Custodio Velásquez
Este trabajo analiza
algunos puntos claves del Programa denominado Lineamientos del
Programa de Gobierno de Unidad Nacional (documento en revisión). Diciembre 2011,
como contribución a
la discusión que lleva adelante el pueblo venezolano en torno a los proyectos
políticos presentados por los candidatos a las elecciones del 7 de octubre de
2012. Para los comentarios, las citas textuales del Programa se exponen en
letras cursivas. Espero se le saque provecho.
¿CÓMO NACE EL PROGRAMA DE RADONSKI?
Este Programa que
había sido ocultado por su contenido anti-popular, tiene su historia.
Veamos: “En marzo de 2010, luego de un proceso en el que se recogieron,
discutieron, consultaron y aprobaron las propuestas presentadas por los
diferentes partidos, surgen las 100 Soluciones para la Gente, documento base de
los Lineamientos que a continuación se MUD.
Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional (documento en
revisión). Diciembre 2011” (pág.9).
No fue nada improvisado. Resultó de un proceso de reflexión y
discusión en el que participaron los partidos políticos y personalidades que lo
suscribieron: “Estos Lineamientos son
producto de un trabajo sistemático que se viene realizando desde 2009, cuando
se conforma la Comisión de Políticas Públicas de la Unidad Democrática,
integrada por representantes de los diferentes partidos políticos, quienes se
plantearon como objetivo elaborar
propuestas programáticas consistentes con los objetivos políticos y
estratégicos de la Mesa de Unidad Democrática (...).La elaboración del documento ha sido
precedida de un gran esfuerzo de encuentro político y técnico”. (pág.9). Es así como los partidos de la alianza lo
ratifican: “La Unidad Nacional tiene un programa para los venezolanos.
Su elaboración ha sido un compromiso central de esta alianza” (pág.9). Como es notable, no se trata
de un documento secundario y sin importancia. Quienes lo firmaron sostienen
categóricamente que: “los Lineamientos del Programa de Gobierno
de Unidad Nacional que, basados en las 100 Soluciones para la Gente, contienen
las políticas que impulsará nuestro gobierno a partir de enero de 2013”
(pág.9). No hay dudas, este
Programa sería la brújula que orientaría las políticas del nuevo gobierno en
caso de triunfar el próximo 7 de octubre. Siendo las cosas así ¿por qué tenían
oculto este programa? mientras el candidato en sus presentaciones públicas se limitaba
a balbucear un discurso colmado de falacias, demagogia, populismo y propuestas
fantasiosas.
Bases normativas para el nuevo gobierno
Igualmente, es una sorpresa la base jurídica en que se
apoya el Programa de la MUD. “La base
normativa fundamental para el nuevo gobierno es la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, la cual calificamos como una Constitución democrática,
respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos humanos” (pág. 14). Esta
fue la misma Constitución defenestrada
por la derecha venezolana desde 1999 en que fue promulgada hasta hace algunos
meses. Esta Carta Magna fue calificada de antidemocrática, dictatorial; incluso
fue quemada en la Asamblea Nacional por
uno de los diputados más furibundos enemigos de la Constitución. Ahora es “(…) una
Constitución democrática, respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos
humanos (…)”. Esta es, la doble moral con que han actuado los líderes
de la derecha venezolana. Hay en ellos un caradurismo exacerbado sin límites
que contrasta con el alto espíritu ético-moral del pueblo venezolano. ¿Quién
les cree?
En este ámbito
jurídico, el Programa lanza una ofensiva orientada a desmontar “Las leyes o decretos-leyes
inconstitucionales [que] deben ser
impugnados judicialmente, si aún no lo han sido. Adicionalmente, debe ejercerse
la iniciativa legislativa del Presidente de la República para presentar
proyectos de ley que desmonten las regulaciones contrarias a la Constitución
dictadas en los últimos años, incluyendo las que responden al modelo del Estado
socialista comunal” (pág. 14). Estas leyes o decretos-leyes, que no
mencionan explícitamente, se pueden deducir cuáles son por la oposición que
ellos le hicieron en su momento a la Ley Habilitante y, particularmente, la Ley
de Hidrocarburos, Ley de Tierras y Ley de Pesca, entre otras. La eliminación de
estas leyes de alto contenido popular y soberano, implicaría regresar al
pasado: entregar el petróleo y nuestras reservas probadas a las empresas
transnacionales con todas las implicaciones que ello tendría en los ingresos
nacionales. La inversión social se reduciría a grados mínimos y las Misiones
sociales serían eliminadas. Asimismo, el pueblo sería despojado de las tierras
otorgadas por el Estado y vueltas a sus antiguos dueños; y la pesca de arrastre
acabaría con los ecosistemas marinos.
Cabe resaltar que en
las leyes que se eliminarían, deben estar incluidas “(…) las que responden al modelo del
Estado socialista comunal”. Por supuesto, tanto los logros alcanzados en
estos 12 años que benefician al pueblo
y garantizan el ejercicio directo y
protagónico de su participación política, también serían eliminados. Obviamente
las Comunas tendrían el mismo destino, porque el Estado Comunal promovido por
la Revolución Bolivariana, es contrario al Estado Federal y Descentralizado que
promueve la derecha venezolana y mundial, como se verá más adelante. Ellos son
sumamente claros: “Habrá que revisar
también las cinco leyes que soportan jurídicamente el llamado Estado Comunal
(…)” (PÁG. 22). Sin estas leyes, el Estado Comunal queda sin legalidad.
Rescatar el federalismo previsto en la Constitución
La misma concepción
federalista con respecto al Estado, es extensiva al tipo de gobierno que aspira
instaurar Radonski. Veamos: “El nuevo
gobierno ha de ser profundamente federal y descentralizado. No solamente porque
ha de promover la descentralización y ha de respetar las competencias de los
Estados y Municipios, sino también en el sentido de que la concepción y gestión
del gobierno deberá sustentarse de manera permanente en la discusión y
articulación de políticas con los Gobernadores y Alcaldes. Ello en relación no
sólo con los temas directamente relacionados con la descentralización, sino
también respecto de los grandes asuntos del desarrollo nacional y de la
inclusión e integración político-social (…)” (Pág. 15). La descentralización
planteada en este Programa, no es la misma que contempla la Constitución. Nuestra
Carta Magna sostiene una descentralización desconcentrada y centralizada; es
decir, a los Estados y Municipios se les transfieren poderes, funciones y
competencias en el marco de un gobierno centralizado para garantizar la unidad
del Estado-nación y en la cual los estados deben garantizar la integridad del
territorio, tal como lo dice la Constitución en el Artículo 159: Los Estados (…)
quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional,
y a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República;
mientras que el federalismo descentralizado planteado por la doctrina
neoliberal y, por tanto, por el programa de Radonski, es un federalismo en el
cual el territorio nacional quedaría convertido en una sumatoria de parcelas (los
estados), que rompe la unidad del Estado-nación. Es lo mismo que se planteó en
los años ochenta con la Comisión Para la Reforma del Estado (COPRE). Esta
descentralización permitiría que los Gobernadores y Alcaldes puedan negociar el
territorio venezolano y sus riquezas naturales con las empresas
transnacionales. Los estados y Municipios serían gobernados como haciendas
particulares de cada jefe político de estas instancias, las cuales explotarían
en su beneficio y el de los suyos. Venezuela se pondría en venta al gran
capital y abundarían tierras, parques y playas privadas, como en los tiempos de
CAP. Es por ello que son tajantes cuando afirman: “Es preciso adoptar las medidas necesarias para restituir a los Estados
el ejercicio de las competencias exclusivas de las que inconstitucionalmente
fueron despojados”. (Pág. 15). Las “competencias
exclusivas (…) de las que fueron despojados”, son aquellas que garantizan
la autonomía de los estados con respecto al gobierno central. Esto facilitaría
a los autonomistas de ayer y de hoy, en momento de crisis política, fragmentar a Venezuela y hacer con partes de
ella otro país, tal como está previsto en el denominado “Plan Erizo”. Los
estados con petróleo y los fronterizos, se cuentan en este Plan.
Los Consejos Comunales
Estas instancias de
participación popular protagónica, está contemplado se mantengan pero con
competencias no muy claras porque“(…)
deben (…) ser deslastrados de todo sesgo ideológico-partidista así como de toda
confusión que los configure como instancias híbridas que terminen asumiendo
funciones públicas que le son ajenas” (pág. 18). Está por conocerse cuáles
son esas funciones públicas que le son ajenas. Conociendo que en los gobiernos
liberales, mandan las élites, seguramente el pueblo quedará para levantar la
mano ante sus propuestas. Desde esta perspectiva estaríamos regresando al
sistema de la representatividad.
La tenencia de la tierra
Los avances
alcanzados en materia de tierras, también serán severamente afectados porque “Se adelantará una evaluación de las
ocupaciones o expropiaciones de tierras o industrias efectuadas por el actual
gobierno, con miras a resolver estas situaciones con apego a la Constitución.
Se revisará el otorgamiento de títulos precarios de pseudo-propiedad a
agricultores o a los habitantes de zonas populares, para reconocer a los
beneficiarios la propiedad plena (pura y simple). (Pág. 86). La idea es regresar al latifundio devolviéndoles
las tierras a los grandes terratenientes y latifundistas. No lo dicen
claramente; pero eso es lo que se espera de un gobierno de élites “(…) reconocer a los beneficiarios la
propiedad plena”.
La Fuerza Armada Nacional
El ejército
venezolano regresaría a ser una institución profesionalizada. En efecto, habría
que “Reorganizar y reformular la institución
castrense para que responda a amenazas multidimensionales, con componentes
profesionales, altamente entrenados, dinámicos y con capacidades operativas
para responder eficazmente” (pág. 19). El ejército volvería a ser lo que
era antes: una institución profesionalizada para matar gente. Ya el ejército
dejaría de participar en el desarrollo integral del país, como lo viene
haciendo hasta ahora, y se dedicaría sólo a operaciones estricta y
absolutamente militares bajo la doctrina y al servicio de los planes
recolonizadores de la OTAN.
También plantea el
Programa: “Eliminar la Milicia
Bolivariana, como componente militar dependiente del Presidente de la República
(…) e insiste en “profesionalizar la tropa. Eliminar gradualmente al soldado no profesional”.
(pág. 19). Desmontarían este complemento del
ejército.
“Democratización de las comunicaciones”
Esta es una
“democratización” muy particular. Probablemente orientada a beneficiar a las
élites porque inicia con una revisión del marco legal que soporta la política que en materia de
comunicaciones ha llevado adelante el Estado venezolano: “Entre la legislación que debe revisarse está la Ley de Responsabilidad
Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos; la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones; el Código Penal; la Ley de Defensa de las Personas en el
Acceso a los Bienes y Servicios. Debe procederse a la recomposición del
Directorio de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios
Electrónicos. (PÁG. 22). Pero
aquí también aprovechan y lanzan otro
plomo contra el Estado Comunal: “Habrá
que revisar también las cinco leyes que soportan jurídicamente el llamado
Estado Comunal”. (PÁG. 22). Igualmente, señalan que: “Procederemos a anular los procedimientos administrativos abiertos
contra medios y/o profesionales de la comunicación (…). Derogaremos el decreto
de creación del Sistema Integrado de Comunicación e Información (…) Se
restituirá a RCTV una concesión para la transmisión de su programación en señal
abierta, realizando las gestiones conducentes a la devolución de sus equipos de
radiodifusión. Decisiones similares se adoptarían en relación con emisoras de
radio írritamente tomadas por el Estado”. (PÁG. 22). En este apartado
resaltan tres cosas: 1) pareciera que no importa el tipo de delito o infracción
cometida por los medios y profesionales de la información. Lo importante es que
ellos decretan desde ya que anularan esos procedimientos. ¿Cómo queda la
impunidad?. Que se sepa, los procedimientos seguidos a los medios han sido por
violar decretos y leyes del Estado venezolano vigentes. Y los procedimientos
seguidos a comunicadores han sido por delitos tipificados en el código civil
como delitos comunes. No han sido por restricción a la de libertad de
expresión; 2) desmontarían el Sistema Integrado de Comunicación e Información
para que los medios privados monopolicen la comunicación e información y 3)RCTV
y emisoras de radio volverían a seguir envenenando la mente de los venezolanos
con sus programas, violentos, consumistas, idiotizantes y falseando la realidad
para contrainformar al pueblo venezolano. Sería un regreso a la dictadura
mediática antes existente. TELESUR y Radio del Sur también serían revisadas y “Devolver de inmediato a sus concesionarios
el uso de las frecuencias y los bienes e infraestructuras que les fueran
sustraídos. Se promoverá la independencia en la asignación de frecuencias”
(PÁG. 22). Se trata de desmontar todo lo estructurado por el
Estado venezolano en estos 12 años.
Buen Gobierno
Se plantean ”Analizar las leyes vigentes a la luz de su
coherencia con el texto constitucional y entre ellas, para proponer las
reformas necesarias a fin de facilitar la buena marcha de la administración y
sus relaciones con la ciudadanía. Reformar de manera progresiva la
administración central para ajustarla a la estrategia de gobierno de la nueva
administración” .(pág. 40). Se trata de reformar todo para ajustar el
andamiaje jurídico-político que rige el ejercicio de la administración pública
al credo neoliberal, sobre todo de achicamiento del Estado. Esto prevé despidos
masivos a todos los niveles de la administración pública y quizás una gran
conflictividad social.
Hacia el Estado Federal Descentralizado
Tal como se ha
venido señalando: ”Dentro del marco de la
Constitución de 1999 vigente, el nuevo gobierno se compromete con la
instauración del modelo de Estado Democrático, Federal y Descentralizado previsto
. Ese debe ser el punto de partida para el rescate de la noción de Federalismo
Cooperativo que fomente y vigorice los espacios de concertación entre los
niveles de gobierno y con la sociedad organizada. En ese marco, se entiende la
descentralización, más que como un fin en sí mismo, como un vehículo para una
mayor democracia, para la eficacia del Estado, el impulso de la diversidad y la
vida local y para la minimización de los vicios del centralismo”. (pág. 40).
El Estado Democrático, Federal y
Descentralizado no está contemplado en la Constitución de 1999 como “modelo
de Estado”. La Carta Magna define el Estado actual, en su Artículo 2, como “(…) un Estado
democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad,
la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad
social y en general, la preminencia de los derechos humanos, la ética y el
pluralismo político”. Estos dos modelos de Estado en esencia son
contradictorios, aunque la descentralización desconcentrada y centralizada como
política pueda complementar al Estado democrático y social de Derecho y de
Justicia.
En este mismo orden
de ideas, prosiguen en que hay que “Desarrollar
y aprobar los decretos para devolver las competencias exclusivas a los estados,
especialmente la administración de la vialidad, los puertos, aeropuertos y puentes”.
Iniciar las negociaciones para la elaboración de una nueva Ley Orgánica de Descentralización,
coherente con el modelo de Estado que se propone”. (pág. 40 -41). Esta nueva Ley Orgánica terminaría por
establecer el piso legal que contribuiría a materializar el Estado Federal
Descentralizado, es decir, el Estado liberal que ellos proponen. Estas “competencias exclusivas a los estados”
se prestarían para toda clase de negocios en estas entidades y con el control
de los puertos y aeropuertos se pudiera facilitar el negocio del narcotráfico.
Participación
comunitaria y desarrollo municipal
“(…) será necesario plantearse reformas a las
leyes del Poder Popular, de Consejos Comunales y de Comunas.(pág. 42). La
idea es desmontar estas instancias de participación popular y de ejercicio de
la política porque para los neoliberales, la política está reservada para las
élites ilustradas y no el pueblo. El pueblo aprueba levantando la mano lo que
las élites proponen.
Pero seguidamente
plantea el programa que después de
alcanzar en el siglo XXI un Estado altamente descentralizado, como contraparte,
“el Gobierno Central se deberá
racionalizar para disminuir su tamaño, habiéndose reducido la nómina de los
servicios”.(pág. 43). Aquí está la clave para entender al neoliberalismo
con respecto al papel del Estado. Para ellos el Estado debe minimizarse (Robert
Nocit), no ser propietario porque la propiedad debe ser privada, garantizar la
competitividad, reducir el gasto social y descansar en el pueblo porque el gasto no tiene retorno de capital,
construir la infraestructura necesaria para que la actividad económica se lleve
a feliz término y montar un sistema jurídico confiable, es decir, que beneficie
al capital. Esta es la receta que se ha aplicado en Europa y otros continentes
con las consecuencias que ya conocemos. La principal implicación de esta receta
en Venezuela sería la eliminación de las Misiones Sociales y la privatización
de los servicios como salud, vivienda, educación, entre otras. Sería un
retroceso.
Política económica
Un aspecto de la
política económica señalan que: “(…) También
se considerará de manera prioritaria la capacitación técnica para el desarrollo
de nuevas áreas económicas relacionadas con la tecnología, para lo cual se debe
restructurar instituciones como el INCES”.(pág.55). Es claro: los planes
del capital nacional e internacional requieren de restructurar las
instituciones educativas y todos los niveles de la educación para que responda al
nuevo modelo de Estado y de acumulación de capital. El INCES volvería a ser lo
que fue en su origen en 1959 y su papel sería producir mano de obra barata para
los empresarios. Esto sería volver a la vieja política de obrerizar la mano de
obra de los venezolanos. El personal gerencial los producirían las
universidades elitescas del país en las cuales los cupos estarían reservados a
los hijos y familiares de los empresarios. Los pensum de estudios serían
adaptados a estas nuevas necesidades del capital.
Asimismo plantean
que “Venezuela solicitará su reingreso a
la Comunidad Andina para fortalecer el mecanismo de integración y coordinar las
acciones que permitan la negociación bloque a bloque con MERCOSUR.”(pág.55).
Se incorporarían a la Comunidad Andina,
un bloque con una orientación económica predominantemente neoliberal por las
políticas de los países que lo lideran y no mantenerse en MERCOSUR al cual ya
Venezuela pertenece. La idea expresa es hacer causa común con sus pares
neoliberales en el continente. De eso no queda dudas. Asimismo, suponemos que
cuando señalan más adelante que: ”También
se revisarán los acuerdos de cooperación y complementación económica firmados
por la República, con base en la evaluación de las garantías de reciprocidad y
beneficio mutuo e impacto sobre el crecimiento y el empleo en el país, en un
momento crítico para la economía mundial”.(pág.55). Es romper los acuerdos
que Venezuela ha establecido con países como China, Rusia, Irán, entre otros.
Proteger a los trabajadores y mejorar la seguridad
social.
Asimismo, buscan
desmontar el Estado Socialista cuando plantean que “El conjunto de leyes aprobado por ley Habilitante y por la Asamblea
Nacional para conformar un Estado socialista debe ser revisado en profundidad,
tanto en sus alcances como en sus consecuencias, para determinar en cuánto se
distancia del mandato constitucional e inducir los cambios necesarios (...)(Pág.
57). Pero también privatizar la producción de bienes y servicios. Son
categóricos cuando dicen: “No corresponde
al Estado ser el único proveedor de bienes y servicios, ni fijar los precios (...)”(Pág.
57). El mercado sustituiría al Estado en la fijación de los precios. Contrario
a lo que propugnan, el neoliberalismo no garantiza la protección de los trabajadores ni mejora la
seguridad social. En los hombros de los trabajadores manuales e intelectuales,
asalariados todos, recaerá financiar los servicios sociales que antes
subvencionaba el Estado. Sino que los digan los chilenos o los españoles.
Ya expuestos algunas
bondades del Estado Federal y Descentralizado que proponen, se lanzan a
desmontar el socialismo. Veamos:”(…) La creación
de un Estado socialista en los términos establecidos en estas leyes es
contraria al interés de los individuos y de la sociedad, a pesar de las
ventajas temporales que pueda generar para algunos sectores. Entendiendo que ningún
Estado puede darle entera satisfacción material ni cultural a la sociedad, le corresponde
mantener un ambiente propicio para que la sociedad trabaje en su propia
satisfacción y en la provisión de recursos para el Estado(…)”. (Pág. 58).
Claro, no pueden decir lo contrario. El Socialismo es malo para el capital y
bueno para los trabajadores porque rompe la contradicción entre la producción
social y la apropiación privada del producto del trabajo humano. Y hace que la
producción social sea apropiada por la sociedad, no por manos privadas. La
apropiación privada del producto del trabajo humano es la madre de todas las
desigualdades del capitalismo y ese problema es lo que no permite que en el
seno del capitalismo se resuelvan las necesidades de los trabajadores y del
pueblo.
Incentivar la participación privada
Un gobierno de
transición no descarta la participación privada en la economía ni el
emprendimiento de proyectos conjuntos con el Estado. Eso es una cosa y otra es
pretender privatizar todo y regresar a manos privadas propiedades que fueron
declaradas de interés público por el Estado. El espíritu de este Programa es
privatizar la propiedad: bien por empresarios nacionales o internacionales. Por
ello insisten: “Es necesario lograr que el sector privado participe en la producción
de bienes y servicios, por medio de la
contratación, la asociación y otros mecanismos que incorporen a los
inversionistas privados, nacionales o extranjeros, velando en todo momento por
el cumplimiento de las obligaciones laborales legalmente contraídas. Para ello
debe determinarse en cada caso si fue reconocida o no la indemnización a los propietarios
originales, si estos conservan interés en recuperar lo expropiado o si otros inversionistas
podrían adquirir tales activos sin pérdidas significativas en su valor”.(Pág.
428). ¡Más claro no canta un gallo!.
Restructurar PDVSA como parte de la industria
Se plantean
restructurar PDVSA sobre la base del siguiente diagnóstico: “La evaluación de la situación técnica y
financiera de la estatal venezolana es particularmente difícil, debido a la
insuficiencia y escasa confiabilidad de la información oficial. Por ello debe
confiársele a un grupo de profesionales con experiencia y credibilidad, que
tenga como primer objetivo adelantar difíciles negociaciones para garantizar la
operatividad de la empresa y la cooperación de su personal con un nuevo gobierno”
(pág.73). Si es cierto que “la situación técnica y financiera de la estatal
venezolana es particularmente difícil, debido a la insuficiencia y escasa
confiabilidad de la información oficial”,
¿cómo se explica que PDVSA no sólo fue arrancada por parte del personal técnico
actual, sino que ha operado con una alta producción durante 12 años?. Para
ellos PDVSA no está operativa.
Ellos dudan de las
cifras oficiales; pero entregaron el manejo de la información del negocio
petrolero a INTESA, una empresa norteamericana creada en el año 1996, bajo la
presidencia de Luis Giusti. En ese momento, PDVSA se asoció con SAIC (Science
Aplications Internacional Corporation), corporación que entre sus múltiples
actividades está el manejo de información, desarrollo
de armas y sistemas de destrucción masiva, entre otros menesteres. De esta
manera, “(…) aunque la participación
accionaria fue de 40% PDVSA y 60% SAIC, el aporte de capital lo realizó PDVSA.
Así pues, quedaba instalada una empresa de nombre INTESA (Informática, Negocios
y Tecnología, S.A.), cuyo presidente era Roger Brown, quien a la vez era director
de la Global Oil & Gas Initiatives, un departamento de SAIC”.(www.soberania.info). Pero esta información levantó muchos comentarios en
medios nacionales e internacionales: “Durante
los primeros días de enero del 2003, el semanario Brecha de Montevideo publica
en su primera edición del año un artículo en el que vinculan a varios ex
directores de la CIA con PDVSA, a través de su socia SAIC, cuya alta dirección,
desde su creación estuvo integrada por varios miembros de la CIA, Departamento
de Estado, Departamento de Defensa y Fuerzas Especiales norteamericanas. Pero
tal vinculación no es un descubrimiento muy reciente, ya para el 11 de agosto
del año pasado [2002]El Universal publicaba algo al respecto, “...detrás de esa
decisión se hallan una serie de denuncias sobre supuesto espionaje que SAIC
estaría haciendo en Venezuela, debido a sus contactos con la CIA en Estados
Unidos. No obstante, cuando se consulta a representantes de Pdvsa rechazan los
argumentos del espionaje...” (www.soberania.info). ¿Cuál es la confiabilidad que estos truanes le
reclaman al Estado venezolano?. Después de conocer los vínculos de INTESA con supuestos ex -
agentes de la CIA, no es difícil pensar que cuando dicen que la información “debe confiársele a un grupo de profesionales con
experiencia y credibilidad”, es
porque probablemente estén preparando las condiciones para entregar nuevamente
esta parte tan sensible del negocio petrolero a la policía política de los
Estados Unidos. Con estos antecedentes,
¿en quién en verdad no se debe confiar?.
Pero las cosas van
más lejos de lo que se suponía “PDVSA
debe ser orientada hacia el desarrollo de capacidades tecnológicas, administrativas
y comerciales. Ello requiere (…): Separar el cargo político del Ministro con
competencias en hidrocarburos de la Presidencia de PDVSA y ampliar la
composición de su Asamblea de Accionistas para garantizar a la empresa
autonomía gerencial, financiera y operacional, Transferir a los Ministerios
competentes los programas sociales actualmente a cargo de PDVSA y hacer de las
filiales no petroleras empresas independientes de la estatal. Cumplir con los
compromisos laborales legalmente adquiridos por la empresa hasta la fecha,
incluyendo los derechos violados de los trabajadores despedidos entre 2002 y
2003. .(pág. 74). Con esto se
busca: independizar a PDVSA del Estado con una supuesta autonomía gerencial.
Esta medida está orientada a que el Estado no dirija parte de los ingresos por
venta de petróleo a la inversión social. Esto es regresar a la vieja PDVSA;
también se busca quitar el financiamiento que PDVSA otorga, en tanto empresa de
todos los venezolanos, a las Misiones sociales. Esto pudiera generar una situación
de conflictividad social de magnitudes
impredecibles. A esto se refiere el Presidente cuando señala que la aplicación
de este programa en Venezuela, pudiera conducir a una guerra civil. Ya existe
la experiencia del 27 y 28 de febrero de 1989 con el “paquete” de Carlos A.
Pérez. Igualmente, se busca fragmentar en empresas independientes, el actual
sistema de empresas que conforman a PDVSA y lograr un mejor reparto del negocio y el capital
queda conforme con su “pedazo de torta”. También contemplan el reintegro de los
meritócratas que abandonaron sus puestos de trabajo en el 2002 y 2003. Esto lo
ratifican cuando solapadamente plantean que hay que “Identificar cuáles son las áreas críticas que actualmente o en el
futuro requerirán de personal especializado y crear incentivos para atraer a
Venezuela un talento humano potencialmente escaso, teniendo en cuenta a los
venezolanos que fueron retirados de la empresa desde 2002 y que actualmente
trabajan en empresas petroleras de otros países, así como a algunos jubilados”.(pág.
74). Este personal no fue retirado. Ellos abandonaron sus puestos de trabajo y
el Estado le formalizó su salida definitiva.
Asimismo, se busca
incrementar la participación privada en la explotación del negocio petrolero;
para lo cual es necesario flexibilizar el marco legal vigente. En ese sentido
sostienen que: ”Venezuela podría perder
la oportunidad de lograr una buena parte de las inversiones por hacerse en el
planeta si el Estado no flexibiliza el marco legal vigente y amplía las disposiciones
contenidas en la Ley de Hidrocarburos de 2001 y la Ley de Hidrocarburos Gaseosos
de 1999 a favor de la competencia y la participación privada en la industria.”(pág.
75). Lo que se quiere en definitiva es volver a la vieja Apertura Petrolera con
lo que se garantizaba que el capital privado se apropiara de la industria. Y
para ello se requiere de “(…) la reforma
de los artículos del decreto 5.200 que fijan en 60% la participación accionaria
de PDVSA en empresas mixtas; el diseño de un nuevo impuesto a las ganancias
súbitas progresivo y no discrecional en lugar del establecido en la Ley de
Contribuciones Especiales de 2011 y la derogación de las leyes de expropiación
de los bienes y servicios de actividades conexas y las que pudiesen colocar la
industria de hidrocarburos al servicio del socialismo. (pág. 75). También se eliminarían las expropiaciones y
evitar poner la industria a la construcción del socialismo.
En contraste, el
Estado, tal como se ha venido señalando “(…)
debe cumplir sus responsabilidades en el negocio medular, en la construcción de
infraestructura y en el manejo de la Tesorería, reconociendo las necesidades de
capital y financiamiento de los socios y el impacto de sus propias decisiones
en la economía de los proyectos”. (pág. 75). Estas son parte de las
funciones que el credo neoliberal le otorga al Estado poniéndolo en una situación
de subalterno y al servicio del capital.
Pero además
incrementarían gradualmente los precios de los hidrocarburos. “Se debe determinar una regla de incremento
gradual en los precios de los hidrocarburos consumidos en el mercado interno,
de modo que PDVSA y todas las empresas en la industria cubran sus costos de
producción y la medida sea políticamente viable, haciendo evidente su
conveniencia para la población. Todo esto con el propósito de aumentar la productividad,
competitividad y capacidad del sector petrolero (público y privado), ni incrementarse
el valor para la Nación”.(pág. 76). Esta medida hace suponer que también la
gasolina se aumentaría. ¿El aumento de la gasolina que llevó a un aumento del
costo del pasaje, no fue el detonante del 27 de febrero del ’89?.¿Es que esta
gente no aprende de sus propias torpezas?; ¿ o es que necesitan de un detonante
social para justificar una intervención militar foránea?. Esta posibilidad
también está contemplada en el Plan multilateral que vienen aplicando en
Venezuela.
En este mismo orden
de ideas, le quitan el control al Estado de los yacimientos y su función
reguladora y lo otorgan a un ente autónomo “(…)
la función reguladora del Estado y la protección de los yacimientos corresponderían
a un nuevo ente, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio e independiente
del Fisco Nacional, con autonomía técnica, financiera, organizativa, normativa
y administrativa”.(pág. 76). Este sería otro paso trascendente para
desmarcarse del Estado y hacer negocios redondos con nuestras riquezas
petroleras, con las empresas
transnacionales.
Ese nuevo ente
cumpliría casi todas las funciones del Estado. Por eso plantean que “Conviene considerar las consecuencias de
confiar al ente las funciones de evaluar técnicamente las reservas naturales de
petróleo y gas; otorgar licencias y permisos para realizar todas las
actividades (exploración, explotación, refinación, procesamiento, transporte,
comercialización, importación y exportación); inspeccionar, auditar y fiscalizar
empresas; imponer las penalidades administrativas y monetarias reglamentarias;
establecer las metodologías para fijar los precios de los hidrocarburos en el
mercado interno; organizar, mantener y publicar bancos de datos relacionados
con la industria de los hidrocarburos; organizar un sistema nacional de
investigación y desarrollo en hidrocarburos y cooperar con otros entes regulatorios
en el sector energético en asuntos de interés común”.(pág. 76). Sería un
Estado dentro del Estado.
Política energética.
Su prioridad es el
sector privado; por ello plantean que “La
primera acción debe ser la emisión de un nítido y coherente mensaje dirigido al
sector privado productor y a los consumidores para restablecer la confianza. El
gobierno de Unidad Nacional deberá realizar reformas legales y aplicar
políticas destinadas a garantizar los derechos de propiedad y las libertades
económicas consagradas en la Constitución. Procederá a revisar y corregir las
medidas ilegales y los abusos administrativos que determinaron la adquisición
ilícita de empresas, tierras y otros bienes en la última década”. (pág. 80).
Con estos enunciados queda lo suficientemente claro que se trata de un programa
de alta factura neoliberal. Por ello es
necesario “Resaltar la condición de la
propiedad privada como derecho humano insustituible y como clave del progreso”.
(pág. 84). He aquí plasmado otro principio neoliberal. Concebir la propiedad
como “derecho humano insustituible y como
clave del progreso”, es lo que los
lleva a desmontar la Ley Habilitante aprobada por el Presidente y a abrirse en
contra de todas las leyes contenidas en ésta, que benefician al pueblo. Por eso
hay que: “Accionar legalmente en contra
de los artículos inconstitucionales que presenta cada uno de los instrumentos
normativos que menoscaban el derecho a la propiedad, o que impiden su cabal
ejercicio, especialmente: Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; Ley de Tierras Urbanas;
Ley de Emergencia para Terrenos y Vivienda; Ley para la Defensa de las Personas
en el Acceso de Bienes y Servicios; Ley de Ilícitos Cambiarios; Ley de Propiedad
Familiar y Multifamiliar; Ley de Arrendamientos y Ley de Costos y Precios Justos”.
(pág. 86). Todas estas leyes han sido defendidas por el pueblo venezolano en
distintas jornadas de luchas.
Finalizan esta parte
con otra “perla”: “Desarrollar marco
normativo para que el diseño de las políticas públicas conlleven hacia la
democratización de la propiedad estatal”.(pág. 87). Esto quiere decir que
los bienes del Estado sean privatizados como en los viejos tiempos que había
que pagar para entrar a algunos clubes y bañarse en algunas playas.
Política de turismo
Aquí también le
asignan una función al Estado. “El
Gobierno de Unidad Nacional realizará acciones para estimular el crecimiento de
la actividad turística en general, tales como atracción de inversiones en
infraestructura turística y en aquellas que tienen por objetivo dar a conocer a
Venezuela como un multidestino de calidad internacional y estimular la demanda.
El Estado debe evitar ser el proveedor directo y dedicarse a generar
condiciones atractivas”. (pág. 90). Claro,
esas funciones serán cumplidas por las empresas privadas. Es decir, el Estado
embellece para que los empresarios
ganen. Y por eso sostienen que “Se
promoverá la inversión privada, el desarrollo de la calidad de atención y la recuperación
de imagen con proyección internacional. El gobierno en un rol promotor, asesor,
supervisor, pero cada vez menos prestador de servicios hoteleros y turísticos. MUD.
.(pág. 90). Insisten: ”El Estado
deberá asumir la función de contribuir proactivamente a mejorar la competitividad
del sector turístico frente a la competitividad de otros países que ya ofrecen
calidad de servicios a toda prueba, infraestructura y servicios turísticos adecuados
a las exigencias del turista internacional, así como unas condiciones de servicios
públicos y seguridad jurídica que son básicos para lograr incentivar la
inversión mixta”. .(pág. 91). El Estado construye la infraestructura y los
servicios públicos para que los empresarios multipliquen su capital.
Educación
En esta materia
señalan que “La finalidad del programa
educativo de la Unidad es educar para la democracia y la formación ciudadana,
producir justicia social y educativa, lograr calidad con equidad en todo el
sistema educativo, erradicando el clientelismo en educación e imponiendo la transparencia
y la eficiencia en el manejo del presupuesto y de la información”.(pág. 112).
Educar para la democracia en el léxico neoliberal es una formación orientada
con las tesis liberales las cuales, a su vez, reproducen los valores
individualistas, egoístas, utilitaristas, facilistas, darwinismo social y los
principios de vida del capitalismo; es regresar al reino de las élites
ilustradas y la economía del mercado; es volver al modelo político de
democracia representativa donde el pueblo existe en situación de
subalternizados con respecto a esos grupos elitescos. Es formar un ciudadano
bajo los perfiles europeos y no sobre la latinidad y, particularmente, la
venezolanidad que exhibimos como pueblo históricamente construido.
Propuestas para la Educación no Formal
Asimismo, aspiran “Relanzar programa “Cada empresa una
escuela”, vinculando las necesidades formativas de los trabajadores, los
programas de capacitación del INCES y la educación media profesional, para
formar personal técnico especializado en el área de trabajo”.(pág. 115). Es
volver a 1959 cuando nació el INCE con la orientación de formar mano de obra
barata para resolver las necesidades de los empresarios en el marco del Modelo
económico de Sustitución de Importaciones. Esto rompería con la formación
integral de los participantes INCES actualmente que está dirigida formar técnica, política y humanistamente.
Salud
Del mismo modo
plantean que “Se evaluará la actividad
desempeñada en los establecimientos de atención médica por los egresados de la
primera y segunda cohorte del programa de Medicina Integral Comunitaria”(pág.
119 ). Por la predisposición que existe con respecto a los egresados en la
medicina integral comunitaria, se trata de eliminar este concepto en la
medicina para volver a la medicalización de la vida guiada por la filosofía
positivista.
Política exterior
En esta materia “Ratificaremos nuestra confianza en la OEA
como instrumento de diálogo y cooperación de las Américas. Apoyaremos la
creación de una Comisión Interamericana de Protección a la Democracia, que
reciba relatorías e informes sobre el estado de la democracia en cada uno de
los Estados miembros, y respaldaremos la participación de las organizaciones de la sociedad civil reconocidas por la
OEA en las reuniones de dicha organización”. (pág. 157). Es volver al viejo modelo entreguista, dócil y servil a
los intereses de las grandes potencias, que se ejercitó en la IV República;
modelo con el cual Venezuela perdió buena parte de su territorio en los
litigios con otros países. Igualmente, ratifican su confianza en un organismo
tan desprestigiado como la Organización de Estados Americanos (OEA), que quedó
para condenar a los gobiernos y Estados del continente en los que sus
pueblos han escogido caminos distintos a
la democracia representativa; y defender casi incondicionalmente los intereses
de los Estados Unidos en la región. No
es casual que “Con los Estados Unidos,
nuestro principal socio comercial, se normalizarán las relaciones sobre la base
del respeto mutuo y el reconocimiento de la igualdad y la soberanía”. (pág.
158). Esto es pura fraseología hueca porque estas relaciones siempre han sido
asimétricas a favor de los Estados unidos.
Finaliza este
documento con algunas exhortaciones a los venezolanos y venezolanas y
ratificando, con otras palabras, cosas ya expuestas: “La refundación del Estado democrático y social de derecho y de justicia.
Nuestra democracia ha sido confiscada, y el Estado de Derecho ha desaparecido
de tal manera que se viola en masa el derecho fundamental por excelencia: el
derecho a la vida. Vamos a llenar de vida y de derecho nuestra democracia. En el
lanzamiento vigoroso de la descentralización, promoveremos y respetaremos la
separación de poderes, daremos a las formas de participación y de organización
popular su verdadera autonomía y las articularemos con las gobernaciones y
alcaldías, sin distinguir el signo político de quien haya sido elegido por el
pueblo para ejercerlas.(pág. 163).
A manera de
conclusión se puede señalar que: este programa está guiado por el pensamiento
liberal; intenta cambiar el Estado social de Derecho y de Justicia contemplado
en la Constitución de 1999, por un Estado Federal Descentralizado que fragmenta
la nación; privilegia la propiedad privada por sobre la propiedad social y otras formas de propiedad; impone el
gobierno de las élites por sobre el poder popular; convierte al ejército en su
brazo armado al servicio del capital donde quiera éste lo necesite; elimina la
gratuidad de algunos servicios públicos como la educación y la salud
privatizándolos; entrega las riquezas del país a la burguesía internacional y
empobrece al pueblo. Síntesis: es un nuevo “paquete” neoliberal al estilo de
España, Francia y Grecia con todas las calamidades sociales que han generado.
